El Día Mundial del Suelo nos recuerda que más del 95% de los alimentos depende directamente del suelo y sus funciones ecosistémicas; alrededor del 33% de los suelos del planeta está degradado, y su restauración toma décadas. Proteger el suelo no es solo un tema agrícola: también es un asunto empresarial y operacional, porque una mala gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) puede contaminar instalaciones, patios industriales, parques logísticos y rellenos, con consecuencias para la salud, legales y económicas.
El RAEE contiene plomo, cadmio, mercurio, níquel, cromo, así como retardantes de flama bromados (PBDE) y otros compuestos presentes en PCB/placas, pantallas y lámparas. Cuando estos materiales se rompen, se queman o se disponen sin control, pueden lixiviar al suelo y migrar a acuíferos, generando riesgos a la salud y a la continuidad operativa, advierte el Programade las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
En particular, CRT antiguos concentran kilos de plomo; baterías (Ni‑Cd, Li‑ion) pueden liberar cadmio, níquel y cobalto; y pantallas con iluminación fluorescente liberan mercurio si se fracturan, explica la organización EcoTrash.
Ahora bien, los lixiviados de sitios de disposición final con manejo deficiente presentan altas concentraciones de metales (Cd, Cr, Pb, Zn) y parámetros fisicoquímicos que superan normas de descarga; estos elementos pueden infiltrarse y contaminar suelos, así como cuerpos de agua. Estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), y otras instituciones de educación superior mexicanas como el Instituto Tecnológico Superior Progreso, documentan esta problemática en diversos municipios.
El marco clave para empresas es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento, además de la NOM‑083‑SEMARNAT‑2003, que define ubicación, diseño,operación, monitoreo y clausura de sitios de disposición final para residuos solidos urbanos y Residuos de Manejo Especial (RME), categoría donde suele ubicarse una parte del RAEE cuando no es peligroso, con requisitos de impermeabilización y control de lixiviados.
En esa línea, la NOM‑083 actualiza criterios técnicos para evitar que lixiviados contaminen suelo y agua; su proyecto de modificación 2021 refuerza requerimientos de sostenibilidad y de operación de celdas, explica la Revista de Contaminación Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ahora bien, cuando existe contaminación del suelo con metales (As, Cd, Pb, Crhexavalente, Hg, entre otros), la NOM‑147‑SEMARNAT/SSA1‑2004 establece criterios de caracterización y remediación y límites por uso del suelo. Para operaciones con pasivos, esta norma es el referente técnico y sanitario.
México registra zonas con metales pesados en suelos por distintas actividades; la literatura técnica nacional describe usos de fitorremediación y micro‑organismos para mitigar impactos, pero subraya la necesidad de prevención en fuente (gestión adecuada de RAEE), explican las y los autores del artículo de la Revista de Contaminación Ambiental.
El Global E‑Waste Monitor 2024 estima que México genera 1.5 millones de toneladas de RAEE por año y menos del 10% se gestiona formalmente, lo que tensiona los sistemas locales y aumenta la probabilidad de prácticas que terminan afectando suelos (acumulación, quema, tiraderos). A nivel de acopio municipal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta indicadores, como “cantidad promedio diaria de electrónicos y electrodomésticos recolectados en centros de acopio”, que muestran la necesidad de robustecer infraestructura y trazabilidad.
La LGPGIR distingue Residuos Peligrosos (RP) y Residuos de Manejo Especial (RME); muchos electrónicos y electrodomésticos en desuso están sujetos a planes de manejo conforme NOM‑161‑SEMARNAT‑2011 y competencias estatales y municipales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) verifica el cumplimiento (registro como generador, transporte, autorizaciones, disposición, re‑uso y reciclaje). Para auditorías internas, las empresas deben mantener manifiestos, cadenas de custodia y certificados de reciclaje.
Organizaciones con altos inventarios tecnologías de la información, retail de electrónica, plantas de manufactura, instituciones financieras y dependencias enfrentan riesgo por acopios temporales, baterías de litio y dispositivos mixtos; la tipificación incorrecta (mezclar RP con RME) puede derivar en pasivos ambientales y remediaciones bajo NOM‑147.
Para mitigar el impacto ambiental de las empresas y evitar la contaminación de los suelos, estas organizaciones deben priorizar recolección programada con empresas autorizadas como Recyel, embalaje y segregación por tipología (baterías, pantallas, tecnologías de la información) y rutas con manifiestos que acrediten el destino a plantas autorizadas.
Es importante recalcar que el desensamble técnico evita rompimientos que generan polvos y derrames; la valorización de cobre, aluminio y metales preciosos reduce extracción primaria y riesgos en suelo. Prácticas alineadas con lineamientos de gestión y cooperación técnica establecidos por la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsan modelos REP y economía circular.
Mantener evidencia documental: actas de retiro, manifiestos, certificados de aprovechamiento y reciclaje y trazabilidad; todo ello es clave ante inspecciones y para demostrar que no hay impacto a suelo por manejo inadecuado. En Recyel podemos ayudarte con ello.
Ahora ya lo sabes, el suelo es el “activo silencioso” dela continuidad operativa. En el contexto mexicano, la combinación de altos volúmenes de RAEE, infraestructura de acopio limitada y prácticas informales eleva la probabilidad de lixiviados y contaminación del suelo con metales pesados y compuestos peligrosos. El cumplimiento de LGPGIR, NOM‑083 y NOM‑147, aunado a una logística segura y valorización, es indispensable para reducir riesgo regulatorio, costos futuros de remediación y pérdidas reputacionales; y a la vez, habilita beneficios de economía circular y coste total de propiedad de activos.
